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martes, 17 de noviembre de 2026

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Debemos acabar con la errada doctrina de la contrainsurgencia

Ahora que el Perú iniciará una nueva etapa en su historia nacional reciente, en que por los anuncios del inminente gobierno nacional, se va a priorizar el combate contra la delincuencia organizada o no, las dos antijurídicas y que merecen el mayor repudio de la sociedad nacional, y siendo que el terrorismo es…

Excanciller del Perú e internacionalista
Perú2 min de lectura
Debemos acabar con la errada doctrina de la contrainsurgencia

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Ahora que el Perú iniciará una nueva etapa en su historia nacional reciente, en que por los anuncios del inminente gobierno nacional, se va a priorizar el combate contra la delincuencia organizada o no, las dos antijurídicas y que merecen el mayor repudio de la sociedad nacional, y siendo que el terrorismo es delincuencia por donde se lo mire, quisiera llamar la atención de la necesidad de ponerle fin a la errada doctrina de la contrainsurgencia que es como se ha concebido, seguramente de buena fe, a las acciones del Estado peruano contra el terrorismo de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), pero que debe hacerse precisamente para evitar que los remanentes del senderismo o los que hoy se camuflan en una diversidad de instituciones formalmente constituidas bajo el paraguas del derecho y de hallarse en un contexto democrático, pero que todos sabemos que se trata de adictos al denominado “Pensamiento Gonzalo” que es como se llamaba al fanático y monstruoso pensamiento de Abimael Guzmán, el líder del grupo terrorista que durante todo los años 80 y parte de los noventa, se dedicó a sembrar violencia en nuestro país buscando destruirlo, pero que fue vencido por el Estado en 1992, cuando el propio Guzmán fue detenido y encarcelado.

Siendo la insurgencia un derecho ciudadano -solamente atribuible a la población civil-, consagrado en la Constitución Política del Perú, no resultará correcto que el propio Estado decida un conjunto de medidas contra este derecho. Transcribo literal e íntegramente el artículo 46 de la Constitución que refiere precisamente el derecho de insurgencia: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”. Decir, entonces, acciones contrainsurgentes que todos sabemos que están encaminadas a neutralizar o erradicar al terrorismo, es una contradicción que los propios terroristas utilizan cuando acuden a las instancias supranacionales para denunciar que el Estado peruano los persigue autoproclamándose insurgentes.

Lo he visto cuando he viajado a Costa Rica que es a donde solían acudir los terroristas apostados con rostros de víctimas. La contrainsurgencia no es contra el terrorismo sino contra la civilidad, doctrinariamente, y eso debe cambiar. No será difícil denominarla actividades contraterroristas que es lo que corresponde.

Publicado también en Expreso.

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