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lunes, 16 de noviembre de 2026

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El asunto jurídico del asilo de la exministra Betsy Chávez

El asilo es una institución del derecho político y ha sido concedido por el gobierno de México -es su derecho y no de quien lo solicita-, a la exministra del régimen del expresidente Pedro Castillo, señora Betsy Chávez, que lo ha calificado, tal como ha sido consagrado en el artículo IV de la Convención sobre Asilo…

Excanciller del Perú e internacionalista
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El asunto jurídico del asilo de la exministra Betsy Chávez

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El asilo es una institución del derecho político y ha sido concedido por el gobierno de México -es su derecho y no de quien lo solicita-, a la exministra del régimen del expresidente Pedro Castillo, señora Betsy Chávez, que lo ha calificado, tal como ha sido consagrado en el artículo IV de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas, de 1954, que dice: “Corresponde al Estado asilante (México) la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”, quedando el artículo III: “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas…o estén condenadas por tales delitos…”, totalmente subordinado al referido artículo IV, dado que el Estado asilante (México), y no el Estado receptor (Perú), es el que califica.

La fuerza de la lógica interpretativa -ajena de la subjetividad y del sentir político o ideológico-, del artículo IV, que deja en el Estado asilante (México) la prerrogativa de decidir si el solicitante del asilo (BCh), es un perseguido político o no, se puede apreciar cuando en la última parte del referido artículo III -que muchos no quieren citar-, dice textualmente lo siguiente: “salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político”. Más claro no puede ser. Suma en favor de este derecho del Estado asilante (México) el mismísimo reconocimiento que expresa de manera literal e indubitable el Estado receptor (Perú) en la Constitución Política de 1993, que a la letra dice: “El Estado reconoce el asilo político.

El gobierno del Perú ha decidido no otorgarlo hasta concluir sus consultas con miras a que se realice una modificación en la Convención que considera que ha desnaturalizado el objeto del asilo. En esto último tiene toda la razón; sin embargo, debo decir que, en la eventualidad de un cambio en el texto del tratado, dicha modificación no será aplicable a la señora BCh, dado que se superpone el principio penal de irretroactividad de la ley, si acaso, como se inferirá de la eventual modificación, termine perjudicando a la asilada BCh. Las consultas no están referidas al hecho de si el Perú extiende o no, el mentado salvoconducto y no pueden estarlas porque nuestro país es un Estado soberano que no necesita de nada ni de nadie para decidirlo, sino, para lograr una modificación del instrumento. En ese contexto, solo veo inexorable que será extendido el salvoconducto. Veremos.

El gobierno del Perú ha decidido no otorgarlo hasta concluir sus consultas con miras a que se realice una modificación en la Convención que considera que ha desnaturalizado el objeto del asilo. En esto último tiene toda la razón; sin embargo, debo decir que, en la eventualidad de un cambio en el texto del tratado, dicha modificación no será aplicable a la señora BCh, dado que se superpone el principio penal de irretroactividad de la ley, si acaso, como se inferirá de la eventual modificación, termine perjudicando a la asilada BCh. Las consultas no están referidas al hecho de si el Perú extiende o no, el mentado salvoconducto y no pueden estarlas porque nuestro país es un Estado soberano que no necesita de nada ni de nadie para decidirlo, sino, para lograr una modificación del instrumento.

Publicado también en Expreso.

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