Ayer, se cumplieron 36 años de la dación de la histórica Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la ONU, mediante la Resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989, y la pregunta que muchos nos hacemos en el mundo es ¿De qué vale este tratado, si los niños constituyen la población mundial más violentada?. Llamo la atención sobre la eficacia de la acción de los Estados en favor de una efectiva protección de los menores de edad, la población humana más vulnerable del planeta. Como pocos tratados, por su envergadura, entró en vigor tan solo 10 meses después de que fuera abierta, a la firma el 2 de setiembre de 1990 (Artículo 49° de la Convención), levantó muchas expectativas e intereses en el globo y mirando la muerte de muchos niños por los conflictos que vienen sucediendo, muchos cuestionan su verdadera eficacia.
Ya sabemos que es el mayor instrumento internacional que regula de manera comprehensiva y totalizadora los derechos intrínsecos de los más de 2,550 millones de menores de edad que hay en los cinco continentes. No perdamos de vista que los niños son la máxima alegría de los hogares y por su notoria naturaleza de indefensión, el Estado está obligado a garantizar que puedan lograr su pleno desarrollo. La propia Convención ha establecido principios rectores en este propósito que son la no discriminación, el interés superior del niño, su derecho a la supervivencia y el desarrollo, y su derecho a la participación. Tampoco perdamos de vista que los niños vienen al mundo para ser felices y es deber de los padres y del Estado garantizar que sus vidas estén determinadas por el juego y el estudio.
Lamentablemente la realidad nos sigue mostrando lo contrario, y las cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, son cada vez más trágicas. Muchos niños han muerto en Gaza, Ucrania, etc., y eso parece no importar en la dimensión que se espera de la comunidad internacional, llamada a reaccionar, pero no lo hace. En nuestro país, contamos con más de 7,5 millones de niños y cerca del 65% son víctimas del castigo físico o de tratos humillantes, y aquí incluyo a los niños y niñas ultrajados sexualmente, para cuyos victimarios vuelvo a pedir la pena de muerte, y para ello, exijo que se tome el toro por las asta y el Perú decida denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos; además, es una desgracia completa conocer que el 45% de padres de familia peruanos reconoce que castiga a sus hijos con golpes -tremendos salvajes-, y que en el 40% de los colegios estatales del país todavía se castiga físicamente a los alumnos.
Una realidad imperdonable, y por eso constituye una razón muy poderosa decidir invertir, como en los países desarrollados, y sin miedo, el 11 ó 12% del presupuesto nacional, en educación. ¡Qué no les tiembla las manos a nuestros políticos cuando de educación y de los niños se trata!. Necesitamos de raíz una verdadera política de Estado para quienes son el presente del Perú.
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