La declaración de persona non grata, cuya moción ha sido presentada en el Congreso del Perú, respecto de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheimbaum, es una medida de calificación política no enmarcada en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 de la que el Perú y México son Estados partes, y que, textualmente, señala lo siguiente: “…Toda persona podrá ser declarada non grata o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor…”. De hecho, no obstante, el carácter jurídico-político y diplomático de la referida declaratoria de persona non grata en el instrumento jurídico político, Sheimbaum, en su condición de jefe de Estado de un país miembro de la Organización de las Naciones Unidas y por tanto sujeto del derecho internacional, es evidente que por dicha moción, de prosperar, será una declaratoria únicamente política por la que se desdeña in extremis su presencia en nuestro territorio nacional o ante cualquier referencia de su persona para con nuestra patria debido a su insoportable injerencia en los asuntos internos del Perú, si acaso pasara por su cabeza venir al Perú, lo que por supuesto, todos sabemos que no pasará.
Por tanto, Claudia Sheimbaum, a criterio del Congreso del Perú, de aprobarse la moción presentada, merecería la censura política de un poder del Estado de nuestro país debido, estricto sensu, a su sistemático discurso político de intromisión. A estas alturas del partido, y desde el realismo político, será una caja de pandora, la decisión peruana sobre la extensión del salvoconducto a la exministra Betsy Chávez. Aún con todo lo anterior, deberíamos distanciarnos de la malísima actitud del gobierno mexicano respecto del derecho internacional americano, tirando al suelo el principio de No intervención, y para ello, nos elevará, la decisión de entregar dicho salvoconducto que le permita a la señora Chávez viajar a México en su condición de asilada, porque estamos obligados a hacerlo, tanto por la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, como por nuestra propia Constitución Política de 1993. Lo único cierto, finalmente, es que habrá que esperar mejores tiempos para que todo cambie entre ambos países que destacan por sus relaciones totalmente deterioradas, solo conservando las consulares o administrativas.
Por tanto, Claudia Sheimbaum, a criterio del Congreso del Perú, de aprobarse la moción presentada, merecería la censura política de un poder del Estado de nuestro país debido, estricto sensu, a su sistemático discurso político de intromisión. A estas alturas del partido, y desde el realismo político, será una caja de pandora, la decisión peruana sobre la extensión del salvoconducto a la exministra Betsy Chávez. Aún con todo lo anterior, deberíamos distanciarnos de la malísima actitud del gobierno mexicano respecto del derecho internacional americano, tirando al suelo el principio de No intervención, y para ello, nos elevará, la decisión de entregar dicho salvoconducto que le permita a la señora Chávez viajar a México en su condición de asilada, porque estamos obligados a hacerlo, tanto por la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, como por nuestra propia Constitución Política de 1993.
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