A la luz de la reciente presentación del canciller Hugo de Zela en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos – OEA, en su sede de Washington, se mencionó al Comité Jurídico Interamericano (CJI) para que emitiera su parecer respecto del asunto planteado por el Perú en relación al asilo como institución del derecho político, estricto sensu, en el caso de su otorgamiento a quienes tienen la condición de imputados (procesados o condenados) y que, en el parecer del gobierno del Perú, se habría desvirtuado, lo que también creo, al producirse un abuso en la prerrogativa de calificación por parte del Estado asilante (México). Aunque en otra columna efectuaré un desarrollo hermenéutico del artículo 9 de la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático, objeto de la mayor atención por parte del Perú, quisiera referirme al referido Comité Jurídico Interamericano.
Se trata del órgano consultivo por excelencia del mayor foro político del continente, en los temas del derecho internacional, siempre trabajando para promover “el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional y de estudiar la posibilidad de uniformar las legislaciones de los países del Continente”, que es lo que literalmente está publicado en la página web de la propia OEA, y que puede ser consultado con mucha facilidad. De hecho, su antecedente más remoto fue la entonces Comisión Permanente de Jurisconsultos de Rio de Janeiro, que fuera creada por la Tercera Conferencia Internacional Americana de 1906. Ello explica por qué su sede principal se encuentra en la ciudad de Río de Janeiro donde, además, se imparten cursos de derecho internacional para todos los jóvenes internacionalistas de las Américas, a los que, por cierto, me correspondió el honor de dictar clases en Río de Janeiro, en 2015.
Uno de los más sonados legados del Comité Jurídico Interamericano de la OEA es el afamado Código Bustamante sobre Derecho Internacional Privado. Del seno de la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas en 1939, surgió el Comité Interamericano de Neutralidad que, 3 años más tarde, fue transformado bajo la actual denominación de Comité Jurídico Interamericano, decidiéndose, en consecuencia, que su sede permanente sea precisamente Río de Janeiro. En 1948, una vez que la IX Conferencia Internacional Americana, reunida en Bogotá, adoptó la Carta de la Organización de los Estados Americanos, se procedió a la creación del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, cuyas prerrogativas han pasado al Comité Jurídico Interamericano -ya convertido en órgano principal y consultivo, e integrado por once juristas (lo han sido por Perú, últimamente, Luis García-Corrochano Moyano y Fabián Novak Talavera, que lo han presidido, y autores de una de las más importantes obras de Derecho Internacional Público, publicadas en nuestro país)-, cuyos miembros están dedicados a abordar asuntos jurídicos como el que ha expuesto el canciller peruano en la OEA.
El Departamento de Derecho Internacional de la OEA actúa como su secretaría técnica. Estoy persuadido que el Comité Jurídico Interamericano emitirá una opinión que, recogiendo la importante inquietud peruana, mantendrá pétrea la naturaleza protectora y garantista del asilo en su ratio intrínsecamente humanitario, que jamás debe perderse de vista.
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