Sumario: 1. Introducción. 2. La firma del canciller de la curia diocesana. 3. Informar a Cancillería si en un fallo se desconoce el Acuerdo de 1966. 4. Conclusión.
1.- Introducción
Aquí se acercarán dos aspectos pocos conocidos y que son de interés tener presente. Uno refiere a la firma del canciller de la curia diocesana y el otro al informar a Cancillería si en un fallo se desconoce el Acurdo de 1966. Veamos cada caso.
2. La firma del canciller de la curia diocesana
La curia diocesana consta de aquellos organismos y personas que prestan su ayuda al Obispo en el gobierno de toda la diócesis, sobre todo en la dirección de la actividad pastoral, en el cuidado de la administración de la diócesis, así como en el ejercicio de la potestad judicial (canon 469 del Código de Derecho Canónico).
En cada curia diocesana debe haber un canciller, cuya principal función, a no ser que el derecho particular establezca otra cosa, consiste en cuidar de que se redacten las actas de la curia, se expidan y se custodien en el archivo de la misma. Cuando parezca necesario, puede nombrarse un ayudante del canciller, llamado vicecanciller. El canciller y el vicecanciller son de propio derecho notarios y secretarios de la curia (canon 482 del Código de Derecho Canónico). Como se observa, se trata de un oficio de constitución obligatoria en toda curia diocesana. El canciller puede ser un laico (hombre o mujer).
Además del canciller, puede haber otros notarios, cuya escritura o firma da fe pública, en lo que atañe ya a cualquier tipo de actos, ya únicamente para los asuntos judiciales, o sólo para los actos referentes a una determinada causa o asunto (canon 483 § 1 del Código de Derecho Canónico).
La expresión “da fe pública” se entiende en el sentido de que la escritura de un documento o su firma por parte de un canciller o de un notario atestigua públicamente, es decir, hace constar con certeza para todos que el contenido del documento es verdadero.
Si el contenido del documento tiene por autor a un sujeto distinto del canciller, éste atestigua sólo la autenticidad de la firma; y si el contenido del documento tiene por autor al canciller, la veracidad del contenido es atestiguada por el propio canciller.
En Argentina, la firma del canciller está registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación (a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y la Secretaría de Culto). Este registro es obligatorio para que los documentos eclesiásticos tengan validez legal y puedan ser legalizados. La firma del canciller queda asentada en el Registro Nacional de Cultos.
A tenor de lo dicho -y de lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo de 1966 entre la República Argentina y la Santa Sede, artículos 146, inciso c, y 147 del Código Civil y Comercial de la Nación-, la firma del canciller de la curia diocesana da fe pública, a los efectos canónicos y civiles.
3. Informar a Cancillería si en un fallo se desconoce el Acuerdo de 1966
Por el artículo primero del Acuerdo del año 1966 entre la República Argentina y la Santa Sede, “el Estado Argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos”.
En el año 1991 la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló, en autos «Lastra Juan c/ Obispado de Venado Tuerto s/ Recurso de hecho», que «tal reconocimiento de jurisdicción implica la más plena referencia al ordenamiento jurídico canónico para regir los bienes de la iglesia destinados a la consecución de sus fines» (Fallo 313:1324).
El citado Acuerdo de 1966, si bien se encuentra por debajo de la Constitución Nacional, por el artículo 75, inciso 22, de dicha Constitución Nacional tiene jerarquía superior a las leyes. De allí, arribar a un fallo sin que se aplique la normativa canónica pertinente “reviste gravedad institucional”, ya que, al decir del Procurador General
de la Nación, “un fallo que desconoce el Concordato implica un serio incumplimiento del país, generador de responsabilidad y de derivaciones impredecibles en la relación Iglesia-Estado” (S.C.P. Nº 9; L. XLVI; 23-4-2012; causa 7296/2009).
Dicho esto, si en un fallo no se aplica la legislación canónica cuando correspondía su observancia, desconociéndose, por ende, el Acuerdo de 1966, además del camino judicial de rigor a emprenderse, es de tenerse presente que ese fallo debe más que puede- informarse a la Secretaría de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, ya que es el organismo oficial encargado de los vínculos con la Santa Sede.
Las funciones de dicha Secretaría, que cuenta con una Dirección Nacional de Culto Católico, son las de atender las relaciones de Argentina con la Santa Sede y la Orden de Malta, así como las relaciones con las diversas comunidades religiosas y con la Iglesia católica.
El mencionado organismo -si bien no tiene la facultad de revocar, anular ni modificar un fallo judicial- puede tomar nota a efectos diplomáticos o institucionales del posible incumplimiento de un tratado internacional.
La observancia de la legislación canónica, a tenor de nuestro ordenamiento estatal, debe ser exigida, recurriendo para ello a los medios habilitados a tal efecto. En toda demanda, como en toda contestación de demanda, debería constar la reserva de realizar la información a Cancillería si en el fallo se desconoce el Acuerdo de 1966.
4. Conclusión
En Argentina, la legislación canónica no hace solamente a una creencia religiosa, hace a una cuestión jurídica que compete a todos los operados del derecho.
Publicado también en la Revista Digital del Instituto de Derecho Eclesiástico y Derecho Canónico del Colegio de Abogados de Morón, n.º 4 (octubre de 2026).






