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lunes, 16 de noviembre de 2026

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El ordenamiento canónico y los tributos

Es de referir que el Código de Derecho Canónico es el conjunto ordenado de las normas jurídicas que regulan la organización de la Iglesia católica latina, jerarquía de gobierno, los derechos y obligaciones de los fieles, los sacramentos y las sanciones que se establecen por la contravención de esas normas.

Director adjunto del Instituto de Derecho Eclesiástico y Canónico del Colegio de Abogados de Morón (Argentina)
Argentina20 min de lectura
El ordenamiento canónico y los tributos

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1. Introducción

Es de referir que el Código de Derecho Canónico es el conjunto ordenado de las normas jurídicas que regulan la organización de la Iglesia católica latina, jerarquía de gobierno, los derechos y obligaciones de los fieles, los sacramentos y las sanciones que se establecen por la contravención de esas normas.

En cuanto a los tributos, su concepto en el Derecho Canónico coincide con el de impuesto estatal; en el mismo sentido el concepto de tasa eclesiástica. En la imposición de los tributos eclesiásticos, es de observar, se va a respetar el principio de capacidad económica, visto que éstos han de ser moderados.

El canon 1260 del Código de Derecho Canónico establece que la Iglesia tiene el derecho nativo de exigir de los fieles los bienes que necesita para sus propios fines. Por su parte, el canon 222, en su § 1, dice que los fieles tienen la obligación de subvenir a las necesidades de la Iglesia, de modo que ésta disponga de lo necesario para el culto divino, las obras de apostolado y de caridad, y el honesto sustento de los ministros. Y el canon 1262 señala que los fieles aportarán ayuda a la Iglesia mediante las subvenciones que se les pidan y según las normas establecidas por la Conferencia de Obispos.

El canon 1263, a su vez, nos dice que para atender a las necesidades de la diócesis, el Obispo diocesano, oído el consejo de asuntos económicos y el consejo presbiteral, tiene derecho a imponer, a las personas jurídicas públicas sujetas a su jurisdicción un tributo moderado, que sea proporcionado a sus ingresos; respecto de las demás personas físicas y jurídicas sólo se le permite imponer una contribución extraordinaria y moderada, en caso de grave necesidad y bajo las mismas condiciones, quedando a salvo las leyes y costumbres particulares que le atribuyan más amplios derechos.

En el marco canónico, los referidos tributos son considerados como un modo de financiación secundario y supletorio de las oblaciones voluntarias, lo que no quiere significar que no sea congruente con la naturaleza social de la Iglesia; ello a tenor de lo establecido en el canon 1260.

En la República Argentina la legislación canónica es contemplada, en los aspectos pertinentes, como derecho vigente por el ordenamiento estatal; siendo la Iglesia católica, a tenor del artículo 146 inciso c del Código Civil y Comercial de la Nación, persona jurídica pública. La intención de esta labor es acercar algunas consideraciones sobre los tributos eclesiásticos que da cuenta la legislación canónica, que no solo sean de interés para los fieles sino también para todo profesional del derecho, con independencia de su creencia religiosa.

2. La legislación canónica y el ordenamiento estatal argentino

Por el artículo primero del Acuerdo del año 1966 entre la República Argentina y la Santa Sede, el Estado Argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos. Este Acuerdo tiene, por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, jerarquía superior a las leyes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que tal reconocimiento de jurisdicción implica la más plena referencia al ordenamiento jurídico canónico para regir los bienes de la Iglesia destinados a la consecución de sus fines.

La legislación canónica, como puede apreciarse, no hace solamente al gobierno interno de la Iglesia católica.

En su artículo 147, ley aplicable, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución.

Como puede observarse, es claro y contundente el reenvío del Código del Código Civil y Comercial, en los aspectos pertinentes, a la legislación canónica.

Ya en el año 1942 se sostuvo que la personalidad jurídica acordada a la Iglesia por el derogado Código Civil se extendía a la Iglesia en su conjunto y a cada iglesia particular o parroquia; situación que no ha variado con el Código vigente.

En Argentina la Iglesia católica es una persona jurídica de carácter público, pero también todas y cada una de las divisiones territoriales (diócesis y parroquias que establezca la Iglesia) gozan del mismo carácter público de ella. La referencia importa el reconocimiento de la pluralidad de personas jurídicas diferenciadas en el seno de la propia Iglesia, entre las que se hallan las diócesis, seminarios, parroquias, etc., que tengan su personalidad jurídica conforme a las leyes

nacionales y eclesiásticas. Se reconoce la pluralidad de patrimonios eclesiásticos. Dichos patrimonios según la jurisprudencia argentina son propios y separados, y pertenecen a cada parroquia o diócesis.

El respeto de la autonomía de la Iglesia católica en sus procedimientos internos es una exigencia constitucional argentina no solamente por estar impuesta por un Tratado específico que tiene jerarquía superior a las leyes, sino también por ser una exigencia ineludible del derecho a la libertad religiosa, garantizado por tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Hay cuestiones que caen dentro de la autonomía de la Iglesia católica, de allí que resulta inconstitucional que el Estado se entrometa en esas cuestiones o materias.

3. El tributo para proveer a las necesidades del seminario

El canon 264 del Código de Derecho Canónico dice que, para proveer a las necesidades del seminario, además de la colecta de que se trata en el canon 1266, el Obispo puede imponer un tributo en la diócesis (§ 1). Y están sujetos al tributo en favor del seminario todas las personas jurídicas eclesiásticas, también las privadas, que tengan sede en la diócesis, a no ser que se sustenten sólo de limosnas o haya en ellas de hecho un colegio de alumnos o de profesores que tenga el fin de promover el bien común de la Iglesia; este tributo debe ser general, proporcionado a los ingresos de quienes están sujetos a él, y determinado según las necesidades del seminario (§ 2).

Lo que se recaude por este tributo se podrá destinar a la propiedad del seminario, o bien puede destinarse al sostenimiento de los seminaristas o para becas de los mismos. De este tributo ordinario específico son sus sujetos pasivos todas las personas jurídicas, públicas y privadas; del tributo ordinario del canon 1263 sólo pueden serlo las personas jurídicas públicas. Como se puede observar, debe ser un tributo de carácter general -para todas las personas jurídicas-, proporcionado a los ingresos y a las necesidades.

El canon regula la materia de acuerdo con la norma general contenida en el Libro V, de los bienes temporales de la Iglesia, del Código de Derecho Canónico y, por ende, todo lo que no está contenido en el canon 264 deberá ser regulado por el canon 1263. Teniendo en cuenta que imponer un tributo para el seminario es una materia importante, resultaría prudente que el Obispo diocesano antes de imponer el tributo oyera al consejo de asuntos económicos y al consejo presbiteral.

En principio los únicos seminarios que pueden ser beneficiados con la imposición de un tributo de este tipo son los seminarios diocesanos. En el caso de que en una diócesis no se haya podido constituir un seminario, pero sí se haya constituido con otras un seminario interdiocesano, según lo establecido por el canon 263, serán los Obispos interesados los responsables de su financiación, con una cuota determinada de común acuerdo.

Ahora bien, para poder cubrir esa cuota, nada impediría al Obispo de una de las diócesis de recurrir a la imposición de un tributo para el seminario. Todo lo que se dice sobre el tributo para los seminarios diocesanos se puede aplicar a la financiación de los seminarios interdiocesanos.

Al determinar la cantidad que se deberá pagar por los sujetos pasivos al tributo, el Obispo tendrá que fijarla teniendo en cuenta la real necesidad del seminario y las concretas posibilidades de contribución que tengan las personas jurídicas de acuerdo a sus rentas y a las circunstancias de tiempo y lugar. Si no existiera una real necesidad del seminario sería ilegítimo para el Obispo imponer un tributo para el seminario.

4. El tributo ordinario para atender a las necesidades de la diócesis

Como fuera visto, el canon 1263 trata del tributo para subvenir a las necesidades de la diócesis. Se denomina ordinario porque va a ser permanente en la diócesis que se establezca. La autoridad competente para imponerlo es el Obispo diocesano -previa audiencia preceptiva del consejo de asuntos económicos y del consejo presbiteral-, debiendo determinar, en la ley o decreto general correspondiente, los extremos legales del tributo, tales como periodicidad, plazos, fines, etc.

No estarán sometidas a este tributo las personas jurídicas privadas, ni las personas físicas. Serán sus sujetos pasivos solamente las personas jurídicas públicas sujetas a la jurisdicción episcopal.

El tributo ha de ser moderado y proporcionado a los ingresos de los sujetos pasivos. En este tributo debe quedar siempre clara la relación entre necesidades concretas y petición para ayudar a ellas.

Con referencia a este tributo es de citar la respuesta del Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, del 20 de mayo de 1989, según la cual no se comprenden bajo la denominación de personas jurídicas públicas sujetas a su jurisdicción las escuelas externas de los institutos religiosos de Derecho pontificio.

Aquí se pone de relieve que, en el supuesto de este canon, referido al tributo ordinario diocesano, las citadas escuelas no se incluyen en las personas jurídicas públicas sometidas a la jurisdicción del Obispo. Por tal motivo, no son sujetos pasivos automáticos del tributo. Analizar si ello es porque dichas escuelas no son personas jurídicas públicas o porque, siéndolo, no están sometidas a la jurisdicción del Obispo diocesano, excede el marco de la presente labor.

También es de referir que el derecho del Obispo diocesano no es absolutamente individual en su ejercicio. La norma le impone oír el parecer del consejo de asuntos económicos y del consejo presbiteral.

El Código de Derecho Canónico establece que se debe constituir un consejo de asuntos económicos (canon 492 § 1), con el fin de asistirle en la administración del patrimonio diocesano.

Este consejo es presidido por el Obispo mismo o por un delegado suyo. Se trata de un órgano consultivo, aunque sus dictámenes revisten en ocasiones carácter vinculante (cánones 1292 § 1 y 1295). En lo que se refiere a la imposición del tributo diocesano su competencia se limita a emanar un parecer que el Obispo deberá valorar prudentemente, pero que puede no seguir.

El consejo presbiteral (canon 495) fue concebido para hacer efectiva la colaboración del presbiterio en la carga pastoral confiada al Obispo. Es un instituto de carácter consultivo, que toma parte en el régimen jurídico de gobierno de la diócesis y ayuda al Obispo en la solución de concretos problemas pastorales que conciernen al ejercicio de su jurisdicción.

No está de más precisar que se llaman diocesanos los Obispos a los que se ha encomendado el cuidado de una diócesis (canon 376). Al Obispo diocesano compete en la diócesis que se le ha confiado toda la potestad ordinaria propia e inmediata que se requiere para el ejercicio de su función pastoral, exceptuadas aquellas que por derecho o bien por decreto del Sumo Pontífice se reservan a la autoridad suprema o bien a otra autoridad eclesiástica (canon 381 § 1). Le corresponde gobernar la Iglesia particular que le está encomendada con potestad legislativa, ejecutiva y judicial, a tenor del derecho. La potestad legislativa la ejerce personalmente; la ejecutiva la ejerce o bien personalmente o bien por medio de los vicarios generales o episcopales conforme a la norma del derecho; y la potestad judicial la ejerce ya sea personalmente o por medio de un vicario judicial y los jueces, conforme a la norma del derecho (391§§ 2-3). Y, por último, representa a la diócesis en todos los asuntos jurídicos de la misma (canon 393).

5. Modelo de Decreto Episcopal para el tributo ordinario

A modo de ejemplo ilustrativo del decreto episcopal que establece el tributo ordinario en la diócesis, se ofrece el siguiente modelo.

N. N.

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA

OBISPO DE […]

VISTO las necesidades económicas para sostener los servicios de la curia y los organismos pastorales de la diócesis;

TENIENDO EN CUENTA la consulta realizada al Consejo Presbiteral y al Consejo de Asuntos Económicos Diocesano;

EN VIRTUD del canon 1263 del Código de Derecho Canónico;

POR LAS PRESENTES LETRAS

1. ESTABLEZCO que el tributo ordinario para el corriente año, el cual deberá

ser abonado por […] del 1 al 5 día de cada mes, asciende a la suma de

[…].

2. COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Oficial

diocesano y archívese.

DADAS en la Sede Episcopal, el […].

FIRMA Y SELLO DEL OBISPO DIOCESANO

FIRMA Y SELLO DEL CANCILLER

La estructura del decreto episcopal aquí presentada se aplica, con las especificidades pertinentes, para el caso del tributo extraordinario o del tributo para el seminario.

6. El tributo extraordinario en caso de grave necesidad

El canon 1263 también regula la posibilidad de que el Obispo diocesano establezca un tributo de carácter extraordinario, que sólo se podrá exigir en caso de grave necesidad.

Los sujetos pasivos de este tributo sólo pueden ser las personas físicas y las personas jurídicas privadas eclesiásticas sujetas a la jurisdicción episcopal. Al señalar el canon que quedan a salvo las leyes y costumbres particulares que reconozcan más amplios derechos al Obispo, pareciera que deja la posibilidad abierta para que la legislación particular diocesana pueda imponer esta clase de tributos sobre las personas jurídicas públicas a las que el tenor literal del canon parece excluir.

No es un tributo ni perpetuo ni fijo, aunque puede repetirse la circunstancia de grave necesidad. Las condiciones generales del tributo extraordinario son las mismas del tributo ordinario, varían los sujetos pasivos. El párrafo final del canon 1263 abre la posibilidad de imponer otros tributos fundados en el Derecho particular.

7. Referencia sobre tasas y oblaciones

El canon 1264 establece que a no ser que el derecho disponga otra cosa, corresponde a la reunión de Obispos de cada provincia: 1º determinar las tasas que se han de pagar por los actos de potestad ejecutiva graciosa o por la ejecución de los rescriptos de la Sede Apostólica, y que han de ser aprobadas por la Sede Apostólica; 2º determinar las oblaciones que han de hacerse con ocasión de la administración de los sacramentos y sacramentales.

Aquí se observa que aparecen las figuras de las tasas y de las oblaciones con ocasión de un servicio pastoral. Por este canon se busca definir unas tasas uniformes en el ámbito de la provincia eclesiástica, y que la Santa Sede tenga el control último en la aprobación de las tasas; por otra parte, se busca establecer una clara distinción entre la figura de las tasas y las oblaciones percibidas por la administración de sacramentos y sacramentales.

Las tasas son cargas económicas que deben abonar quienes solicitan un acto de potestad y se dividen en administrativas y judiciales según la naturaleza y órgano que realiza el acto de potestad. En este canon no se regulan las tasas judiciales.

Las oblaciones con ocasión de un servicio pastoral son ofrendas que se piden a los fieles con ocasión de la administración de algunos sacramentos y sacramentales. No son tributos ni constituyen un pago de los servicios recibos.

Cuando los servicios pastorales que ocasionan estas oblaciones constituyen las llamadas funciones parroquiales del canon 531, las mismas se entienden hechas a la parroquia, salvo que conste la voluntad contraria, y no al párroco.

8. Sobre las figuras afines al tributo eclesiástico

En el canon 791, número 4°, sobre la obligación de la diócesis de cooperar a las misiones, en el canon 800, § 2, sobre la contribución de la diócesis a las necesidades de la Santa Sede, y en el canon 1271 sobre la contribución de las diócesis a las escuelas católicas, se observa la posibilidad de pedir a los fieles su colaboración económica para afrontar diversas necesidades de la Iglesia. El carácter

de generalidad y la falta de contraprestación concreta, junto con una cierta obligatoriedad de la contribución, asemejan estas figuras al tributo propiamente dicho.

El canon 791, nro. 4º, dice que, en todas las diócesis, para promover la cooperación misional, se pagará cada año una cuota proporcionada en favor de las misiones, que se remitirá a la Santa Sede.

El canon 800, § 2, establece que los fieles fomenten las escuelas católicas, ayudando, en lo posible, a crearlas y sostenerlas.

Y en el canon 1271 puede leerse que por razón del vínculo de unidad y de caridad, según las posibilidades de su diócesis, los Obispos contribuirán a procurar los medios que la Sede Apostólica necesita, según las circunstancias de la época, a fin de que pueda prestar debidamente su servicio a toda la Iglesia.

Estos cánones generan una obligación de financiación de actividades. La obligación se refiere a los fieles particularmente, en algunos casos; y en otros, afecta de un modo más general a las diócesis. Dicha obligación no está específicamente determinada en cuanto al modo de su cumplimiento.

Al establecerse una obligación de contribuir a esos fines específicos, esta normativa estaría dejando abierta la posibilidad de la imposición de un tributo. En tal caso, la figura técnica más adecuada sería la del tributo ordinario o extraordinario y no la imposición de un nuevo tributo específico.

9. Referencia a la normativa del anterior Código de 1917

En el Código de Derecho Canónico de 1983, que se está analizando, desaparecieron tributos eclesiásticos que habían quedado plasmados en el Código de Derecho Canónico de 1917. A saber: canon 1502 sobre diezmos y primicias; canon 1504 sobre el catedrático; canon 1429 sobre la pensión beneficial; canon 1505 sobre el subsidio caritativo; canon 1506 sobre el tributo en bien de la diócesis o del patrono y canon 1482 sobre la media anata. Veamos cada uno.

La norma establecía que, en cuanto al pago de los diezmos y primicias, se observarían los estatutos peculiares y las costumbres laudables de cada región.

Por su parte, todas las iglesias o beneficios sujetos a la jurisdicción del Obispo, e igualmente las cofradías de legos, debían pagar todos los años al mismo, en señal de sumisión, el catedrático o una tasa moderada que se habría de fijar a

tenor del canon 1507 § 1, a no ser que ya lo estuviera por una costumbre antigua. Como el pago de este tributo era un testimonio de la sumisión debida al Obispo, no había obligación de pagarlo mientras la sede se encontrara vacante.

El canon 1429 decía que a ningún beneficio podían los Ordinarios de lugar imponerle pensiones perpetuas o temporales durante toda la vida del pensionista, pero podían, al conferir el beneficio, por justa causa que debían manifestar en el acto mismo de la colación, imponerle pensiones temporales, duraderas mientras viviera el beneficiado, dejando a éste la conveniente porción (§ 1). Pero a los beneficios parroquiales únicamente podían imponerles pensiones en favor del párroco o del vicario saliente, las cuales no debían exceder la tercera parte de las rentas de la parroquia, deducidos todos los gastos y las rentas inciertas (§ 2). Las pensiones impuestas a los beneficios, ya fueran éstos conferidos por el Romano Pontífice ya por otros, cesaban al morir el pensionista, sin que pudiera éste enajenarlas, a no ser que expresamente se le hubiera concedido (§ 3).

Aparte del tributo para el Seminario o la pensión beneficial, el Ordinario local podía, cuando lo reclamara una necesidad especial de la diócesis, imponer un tributo extraordinario y moderado a todos los beneficiados, tanto seculares como religiosos. Este tributo o subsidio caritativo solamente podía el Ordinario imponerlo cuando lo exigiera alguna necesidad especial de la diócesis, que no admitiera dilación ni hubiera manera de remediarla sin acudir a este extremo.

El Código establecía que no podía el Ordinario imponer ningún tributo en favor de la diócesis o para el patrono a las iglesias, beneficios y demás institutos eclesiásticos, aunque le estuvieran sujetos, como no fuera en el acto de la fundación o de la consagración; pero no podía imponerse ningún tributo sobre los estipendios de las Misas, fueran manuales o fundadas.

Por último, en cuanto a la denominada media anata, se había de observar ésta donde se hallare en vigor y debían de observarse los estatutos particulares y las costumbres laudables que acerca de ellas estuviesen vigentes en cada región. Originalmente las anatas eran las rentas correspondientes al primer año de los beneficios reservados a la Santa Sede, que los pertinentes beneficiados debían entregar a la Cámara Apostólica para atender a las necesidades de la Iglesia Romana, en reconocimiento de su potestad suprema.

10. Reflexión final

Con relación a los bienes propios de la Iglesia, no son las normas civiles, sino las de la legislación canónica las que resultan aplicables a la relación jurídica de que se trate en cada caso.

Con la promulgación del Código Derecho Canónico de 1983 la legislación sobre la financiación de las finalidades de la Iglesia adquiere, como puede observarse, una nueva perspectiva en relación con la normativa precedente. Muchos tributos del Código de 1917 no se ven reflejados en el vigente.

En el canon 1254 § 1 del Código se recoge una declaración del derecho nativo de la Iglesia sobre los bienes temporales y reconoce en el canon 222 el derechodeber de todos los fieles de contribuir a las necesidades de la Iglesia.

En el canon 1261 § 2 se encomienda al Obispo diocesano que advierta y urja a sus fieles a que cumplan convenientemente dicha obligación; y un medio para cumplir el deber de contribuir a financiar las necesidades de la Iglesia lo constituyen las subvenciones pedidas del canon 1262 que, junto con las ofertas voluntarias de los fieles, constituyen la fuente ordinaria de ingresos con que cuenta la Iglesia.

La moderación, ya se ha señalado, es una característica particular de los tributos canónicos. Debe ser considerada como uno de los elementos de cuantificación del tributo, junto con la base imponible y el tipo de gravamen.

Ante cualquier cuestión suscitada con uno de estos tributos, es la propia Iglesia católica la que debe abocarse al tratamiento por los medios y formas eclesiásticos pertinentes, no pudiendo, como fuera señalado, recurrirse al ámbito estatal, el cual debe permanecer ajeno a cualquier intervención en dichas circunstancias. Esto debe tenerse muy presente para el caso de tener que realizar un asesoramiento.

Sirva la presente labor como una primera aproximación, de un particular poco conocido, de una de las personas jurídicas públicas de la cual da cuenta el Código Civil y Comercial de la Nación.

Publicado también en la Revista Digital del Instituto de Derecho Eclesiástico y Derecho Canónico del Colegio de Abogados de Morón, n.º 3 (junio de 2026).

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