A tenor del artículo 1º del Acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede del 10 de octubre del año 1966, aprobado por la ley 17.032, la República Argentina reconoce y garantiza a la Iglesia católica el libre y pleno ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos. Tal reconocimiento de jurisdicción implica la más plena referencia al ordenamiento jurídico canónico. La autonomía de la Iglesia católica en sus procedimientos internos es una exigencia constitucional argentina no solamente por estar impuesta por un tratado específico que tiene jerarquía superior a las leyes, artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, sino también por ser una exigencia ineludible del derecho a la libertad religiosa, garantizado por tratados internacionales con jerarquía constitucional. Hay cuestiones que caen dentro de la autonomía de la Iglesia católica, de allí que resulta inconstitucional que el Estado se entrometa en esas cuestiones o materias. Se estaría ante una grave violación del derecho de la libertad religiosa y del Acuerdo/Concordato entre la República Argentina y la Santa Sede. La Iglesia católica goza de plena jurisdicción con respecto a sus fieles, clérigos o laicos, en todos aquellos aspectos referidos a la realización de sus fines propios. Es decir, la jurisdicción judicial estatal no puede invadir las áreas de autogobierno de la Iglesia católica persona jurídica pública, a tenor del artículo 146, inciso c), del Código Civil y Comercial de la Nación-, la cual se afirma en un fundamento constitucional. Un desconocimiento de ello implicaría modificar la concepción de autonomía y cooperación entre el Estado argentino y la Iglesia católica. Hecha esta introducción, en diversos medios de comunicación social puede leerse la noticia que en el mes de julio de este 2025 la Justica de la provincia de Santa Fe condenó a un sacerdote por el delito de abuso sexual simple agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso, quien admitió en un juicio abreviado haber abusado de una menor durante un campamento. El juez resolvió condenar al sacerdote a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio del sacerdocio (prestación de servicios eclesiásticos). Con respecto a la cuestión de fondo, solo tengo para expresar mi total solidaridad y apoyo para con la víctima y familiares de un hecho que conlleva a un grave dolor para la Iglesia. De la condena a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional nada tengo para decir. Ahora bien, de la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio del sacerdocio (prestación de servicios eclesiásticos) si tengo para decir; ya que, por lo expuesto en la introducción, es objetable y amerita ser señalada. La pérdida del estado clerical constituye una pena que solo puede aplicarse luego de un proceso canónico regular, o bien conforme al procedimiento previsto en el artículo 26 SST 2021, ya que, dada la gravedad de dicha sanción, su aplicación requiere la constatación de hechos de proporcional entidad11. En pocas palabras, la Justicia estatal no puede tratar ni juzgar sobre ese particular que atañe solamente a la Iglesia católica.
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11 A mediados del año 2022 el Dicasterio para la Doctrina de la Fe presentó un Vademécum “Sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos” (v. 2.0). Se trata de una especie de “manual”, que desde la notitia criminis a la conclusión definitiva de la causa pretende ayudar y conducir paso a paso a quién se vea en la necesidad de proceder al descubrimiento de la verdad en el ámbito de estos delitos. Este Vademécum no es un texto normativo, no modifica legislación alguna en la materia, sino que se propone clarificar el itinerario. Las referencias principales son los dos códigos vigentes (Código de Derecho Canónico y Código de los Cánones de las Iglesias Orientales); las Normas sobre los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en su versión modificada el 11 de octubre de 2021, promulgadas con el motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, teniendo en cuenta las innovaciones aportadas por los Rescripta ex Audientia del 3 y 6 de diciembre de 2019; el motu proprio Vos estis lux mundi; y la praxis del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que en los últimos años se ha ido precisando y consolidando cada vez más.
Publicado también en la Revista Digital del Instituto de Derecho Eclesiástico y Derecho Canónico del Colegio de Abogados de Morón, n.º 1 (diciembre de 2025).







